El Ayuntamiento de Écija y la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local han rubricado un convenio de colaboración para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores. Un acuerdo con una duración de cuatro años prorrogables.

A través de este acuerdo, aquellos menores que residan en la ciudad que hayan cometido una infracción podrán compensar sus actos con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas y/o la asistencia para la realización de actividades reparadoras a favor de la sociedad. A su vez, desde el cuerpo de Policía Local o en su defecto, por otro funcionario que desempeñe estas funciones, se realizará un seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar. El documento acordado recoge también la posibilidad de actuar en el entorno familiar de los y las menores infractores en situación de conflicto con la sociedad, que hayan de cumplir las referidas medidas. Son acuerdos que se están firmando con otros Ayuntamientos y entidades de la sociedad civil.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se creará una comisión de seguimiento de los casos que será la que establezca en cada caso los trabajos a realizar por parte del menor, así como un seguimiento directo de la realización de la medida y la evaluación de su efectividad.

En Écija se registran desde enero del 2020 un total de 34 menores condenados a estos trabajos, 10 de ellos con una sentencia en este sentido en la actualidad.

Según David Javier García Ostos, Alcalde de Écija, el convenio va a permitir que “lo que ya se venía haciendo en colaboración entre ambas administraciones, tenga ahora un anclaje jurídico que tuviese todas las garantías para las administraciones y los propios jóvenes sometidos a estos trabajos”.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Javier Millán de Cózar, ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración para que estos menores puedan realizar actividades en los programas que desarrollan sus distintos departamentos. “Es un instrumento jurídico que da forma a la segunda oportunidad para estos menores que pueden reparar el daño hecho a la sociedad con el objetivo de recuperarlos